El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, interpuso dos recursos judiciales tras denunciar la presunta violación de los derechos fundamentales de varias personas detenidas en la zona oriental, quienes permanecen bajo arresto sin que el Ministerio Público haya solicitado medidas de coerción dentro del plazo constitucional de 48 horas, en Santo Domingo Este.
Entre las acciones legales presentadas figura un recurso de amparo, que será conocido este viernes en la provincia Santo Domingo Este, debido a las condiciones infrahumanas en las que permanecen recluidos los detenidos en varios destacamentos policiales.
Asimismo, Valentín interpuso un recurso de habeas corpus a favor de diez personas detenidas en la zona oriental, quienes continúan privadas de libertad sin que se haya solicitado medida de coerción dentro del plazo establecido por la Constitución, en presunta violación del artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República Dominicana.
El defensor público explicó que presentó el recurso de habeas corpus porque, pese a haber transcurrido más de 48 horas desde las detenciones, las autoridades competentes aún no han solicitado las correspondientes medidas de coerción.
El artículo 40, numeral 5, de la Constitución establece que toda persona detenida debe ser presentada ante la autoridad judicial competente en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas a partir de su arresto.
ONDP alerta sobre deterioro de la prisión preventiva y hacinamiento en destacamentos
El director de la ONDP reveló que la situación de la prisión preventiva en República Dominicana continúa deteriorándose, lo que, a su juicio, representa una grave amenaza para el respeto de las garantías constitucionales y el debido proceso.
Ante este panorama, anunció que la Oficina Nacional de Defensa Pública iniciará nuevas acciones legales con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
"Tenemos defensores descendiendo en estos momentos a los diferentes destacamentos de la zona oriental para verificar estas condiciones", afirmó.
Valentín también denunció el hacinamiento extremo que, según aseguró, se registra en varios destacamentos de la provincia Santo Domingo.
"Fíjense que tenemos ahora mismo situaciones en la provincia Santo Domingo y en los destacamentos donde existe un hacinamiento extremo: espacios con capacidad para 20 personas albergan hasta 80. Eso constituye una violación al Estado social y democrático de derecho", expresó el titular de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
El jurista recordó que la Constitución dominicana reconoce el respeto a la dignidad humana como uno de sus principios fundamentales.
Rodolfo Valentín ofreció estas declaraciones luego de participar en el acto de juramentación de los nuevos jueces y juezas de paz, celebrado en la Suprema Corte de Justicia.
Primera denuncia previa contra fiscal por presuntas violaciones constitucionales
El director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública recordó que anteriormente solicitó la destitución inmediata de la procuradora fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Santo Domingo Este/Norte, Ayeisa Cedeño, por presunto abuso de poder y por mantener detenidas a 13 personas en alegada violación del plazo constitucional de 48 horas.
Según explicó, la fiscal habría enviado a 13 hombres a prisión sin presentarlos ante un juez para el conocimiento de medidas de coerción, manteniéndolos privados de libertad por un período superior al permitido por la Constitución y las leyes dominicanas.
"Estamos frente a una violación grosera del artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República, que establece de manera clara que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto. Aquí se ha ignorado la Constitución y se ha dispuesto de la libertad de ciudadanos sin control judicial", expresó el director de la Defensa Pública.
Valentín calificó el hecho como un presunto abuso de autoridad que atenta contra la dignidad humana, el debido proceso y las garantías constitucionales. Además, sostuvo que ningún funcionario, independientemente de su investidura, está por encima de la ley ni de los derechos fundamentales.
"Esta conducta no solo desacredita al Ministerio Público, también revictimiza a las personas involucradas y a sus familias. Mantener a 13 hombres privados de libertad sin que un juez conozca su caso es una arbitrariedad que no podemos permitir", señalo Valentín
