Santo Domingo, RD.– Catorce de los 15 imputados que integran la red criminal de narcotráfico del caso Búfalo NK, vinculada al Cartel de Sinaloa, de México, y a la organización criminal Los Lorenzana, de Guatemala, buscan llegar a un acuerdo con el Ministerio Público durante la audiencia preliminar del proceso judicial.

A esta estructura criminal le fueron incautados 1,824 kilos de cocaína, según el expediente acusatorio presentado por el órgano persecutor.

La negociación provocó que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazara la audiencia hasta el 10 de agosto, con el objetivo de que el Ministerio Público y los imputados, tanto personas físicas como empresas, concluyan las conversaciones que mantienen desde hace varios días para concretar los acuerdos.

La organización criminal del caso Búfalo NK, integrada por ciudadanos dominicanos, colombianos y venezolanos, está acusada de dedicarse al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas y lavado de activos. De concretarse los acuerdos, los imputados buscarían obtener una reducción de las condenas.

El representante del Ministerio Público explicó que espera que para la próxima audiencia los acuerdos estén firmados por 14 de los imputados. Indicó que solo falta uno de los acusados, quien cumple condena por un caso de narcotráfico en Estados Unidos y aún no ha sido trasladado a la República Dominicana para responder por los cargos que se le imputan en este proceso.

Se trata de Joelvis Idelfonso Montero Pérez, quien cumple condena en Puerto Rico, de acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público.

Una vez los imputados del caso Búfalo NK firmen los acuerdos con el Ministerio Público, el juez Raymundo Mejía deberá decidir si los homologa o los rechaza.

El Ministerio Público reiteró que, hasta el momento, son 14 los imputados del caso Búfalo NK que negocian un acuerdo con el órgano acusador.

Organización vinculada al Cartel de Sinaloa

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados forman parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos.

Asimismo, el órgano acusador sostiene que los miembros de la red del caso Búfalo NK colaboraban con el Cartel de Sinaloa y con la organización criminal Los Lorenzana para movilizar cargamentos de drogas y ejecutar diversas operaciones ilícitas en la región.

La estructura estaba encabezada por Isidoro Rotestán Clase, señalado como uno de los principales cabecillas, junto a Rafael Ynoa Santana. Según el Ministerio Público, Rotestán Clase coordinaba y financiaba las operaciones de narcotráfico, además de dirigir y autorizar pagos de sobornos a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Armada de República Dominicana para garantizar el paso seguro de los cargamentos ilícitos.

Por su parte, Rafael Ynoa Santana habría coordinado transacciones de drogas junto a Juan Carlos López Macías, alias "Sobrino", quien presuntamente mantenía vínculos directos con el Cartel de Sinaloa y con Los Lorenzana, según el expediente.

La acusación también identifica como presuntos testaferros a Estefany De la Cruz Paulino, Jomaiky Ureña Rotestán, Leda Margarita Clase, Yamilka Paulino, Glorisel De la Cruz Paulino, Luigi Aneudy Ureña Read, Geyser Climerson Castillo Mordán, Johnny Casimiro Tejada, Cristino Rotestán Clase y Braulio Rotestán Clase, quienes supuestamente actuaban como prestanombres de la organización.

Además, el documento establece que la red utilizaba las empresas Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L. para lavar dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

Capacidad para mover hasta seis toneladas de cocaína al año

Según la investigación del Ministerio Público, la organización estaba especializada en el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia República Dominicana, con capacidad logística y financiera para movilizar hasta seis toneladas de droga al año, posteriormente distribuidas hacia Estados Unidos y Puerto Rico.

El expediente señala que la estructura operaba desde 2019 y tenía la capacidad de ejecutar operaciones simultáneas en distintas jurisdicciones, utilizando rutas marítimas y aéreas para transportar cargamentos a gran escala, convirtiéndose en un eslabón clave del narcotráfico internacional.

La organización disponía de embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas tipo "go fast", teléfonos satelitales y sistemas de comunicación encriptados, lo que evidencia un alto nivel de sofisticación operativa.

Asimismo, la red demostraba capacidad para recuperar cargamentos varados, hundir embarcaciones con el fin de eliminar evidencias y modificar las rutas de transporte cuando detectaban riesgos de interdicción.

El documento acusatorio indica que durante la investigación fueron identificadas 12 operaciones de narcotráfico internacional atribuidas a la organización. De ellas, seis fueron frustrados por las autoridades, lográndose la incautación de 1,824 kilos de cocaína.

En República Dominicana, las operaciones eran dirigidas por Rafael Ynoa Santana, alias Felo, El Cojo o Pocho, quien fungía como coordinador operativo, junto a Isidoro Rotestán Clase, alias El Men, Juan Carlos o José Pérez, señalado como principal patrocinador y socio de Ynoa Santana.

En Puerto Rico, Joelvis Idelfonso Montero Pérez era el responsable de recibir los cargamentos junto a otros contactos de Rotestán Clase. El expediente señala que fue condenado a 120 meses de prisión en esa jurisdicción.

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