Karin L. Contreras admitió usar identidades robadas para cobrar el desempleo.
Una ciudadana de origen dominicano admitió su culpabilidad ante la justicia estadounidense por liderar una red criminal dedicada a desviar fondos de los subsidios gubernamentales. La Fiscalía Federal del Distrito de Columbia confirmó que la imputada utilizó información personal robada a terceros para cobrar ayudas estatales de forma irregular, acumulando cientos de miles de dólares en pérdidas para el erario público.
El caso ha generado indignación en la comunidad internacional por involucrar la vulneración de los sistemas de seguridad social en momentos de vulnerabilidad económica.
Un esquema de identidades robadas
La procesada, identificada como Karin L. Contreras, de 45 años, aceptó formalmente su responsabilidad en un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Durante la audiencia celebrada ante la jueza federal Beryl A. Howell, la imputada reconoció que operó junto a otros cómplices entre junio de 2020 y marzo de 2021 para someter solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo.
El grupo lograba que el gobierno emitiera tarjetas de débito prepagadas que posteriormente enviaban a un domicilio en Washington D. C., situado muy cerca de la vivienda de la acusada.
De acuerdo con las pruebas presentadas en el tribunal, el modus operandi consistía en realizar retiros masivos en cajeros automáticos, fijando transacciones diarias de 1,000 dólares para vaciar los fondos sin activar las alertas de seguridad bancarias.
Los reportes señalan que, en un periodo de apenas dos semanas en julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas de distintas víctimas para extraer un total de 23,000 dólares en efectivo.
Impacto económico y condena
Las investigaciones fiscales determinaron que el grupo criminal logró apropiarse ilegalmente de un monto superior a los 550,000 dólares, a pesar de que el valor de las solicitudes falsificadas superaba el millón de dólares.
Al respecto, la fiscal Jeanine Ferris Pirro fustigó la conducta de la procesada señalando que abusó de las facilidades migratorias que se le otorgaron al obtener la residencia permanente para terminar estafando al pueblo norteamericano.
El proceso judicial entrará ahora en su fase definitoria. La lectura formal de la sentencia contra Contreras quedó pautada para el próximo 6 de noviembre de 2026, fecha en la que se determinará la cantidad de años en prisión y las restituciones económicas que deberá cumplir por los daños causados al sistema financiero.
