Santo Domingo. La Cámara de Diputados conoció este sábado una modificación al proyecto de reforma del Código Penal que mantiene como delito la malversación de fondos públicos y establece penas de entre cinco y diez años de prisión mayor para los funcionarios o servidores públicos que desvíen recursos del Estado con fines distintos a los autorizados.
La iniciativa dispone que incurre en este delito el funcionario que, de manera fraudulenta y para obtener un beneficio propio o de terceros, destine fondos, bienes o recursos públicos a una aplicación diferente de la prevista por las normas de administración patrimonial o por las disposiciones presupuestarias.
Además de la pena privativa de libertad, el proyecto contempla multas equivalentes a entre cuatro y diez veces el monto involucrado en la operación.
En caso de que no sea posible determinar el valor de los recursos malversados, la multa se calculará entre cuatro y diez veces el último salario percibido por el funcionario mientras desempeñó el cargo.
