Santo Domingo.- Tras los desalojos de familias registrados en distintos sectores del municipio Boca Chica, los comités municipales de Frente Amplio, Alianza País (AlPaís) y Opción Democrática expresaron su respaldo a los afectados y solicitaron al Gobierno detener las demoliciones.
En ese sentido, el vocero de las organizaciones referidas, Sócrates Orlando Peguero, advirtió que "ninguna política pública puede colocar a familias trabajadoras en una situación de indefensión".
Por esta acción, manifestaron su preocupación por las denuncias de que brigadas, acompañadas por agentes de la Policía Nacional, ejecutan desalojos y demoliciones de viviendas en distintos sectores del litoral de La Caleta, especialmente en la comunidad de Gran Valiente.
Asimismo, revelaron que esta situación ha generado temor, incertidumbre y graves consecuencias sociales para cientos de familias que durante décadas se han establecido en sus hogares.
Peguero sostuvo que el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución de la República Dominicana y en tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano, por lo que ninguna actuación oficial puede desconocer esas garantías ni vulnerar los derechos de las familias afectadas.
En ese sentido, las tres organizaciones reclamaron al presidente Luis Abinader que atendiera con urgencia las demandas de las comunidades y promoviera una solución basada en el diálogo, el respeto al debido proceso y la búsqueda de acuerdos que garanticen la paz social.
Al mismo tiempo, respaldaron las principales demandas de las organizaciones comunitarias, entre ellas la declaratoria de utilidad pública de los terrenos ocupados por familias de larga data, la continuidad de los procesos de titulación, la suspensión de los desalojos mientras se alcanza una solución definitiva y la protección efectiva de los derechos de los residentes.
También hicieron un llamado al Gobierno para instalar una mesa de diálogo con representantes de las comunidades, las autoridades competentes y las organizaciones sociales, con el propósito de encontrar una salida legal, justa y humanitaria al conflicto.
Los comités municipales de las tres organizaciones reiteraron que el desarrollo de La Caleta y Boca Chica debe impulsarse garantizando la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad de las familias, y no a costa del desarraigo de quienes han construido sus comunidades durante años.
