Spigro pagará compensaciones y sanciones tras cambiar cerraduras sin orden judicial
La Fiscalía General de Nueva York alcanzó un acuerdo con Spigro Management LLC y su principal administrador de propiedades, Saul Friedman, tras determinar que la empresa desalojó ilegalmente a ocupantes de viviendas en Brooklyn y El Bronx mediante el cambio de cerraduras sin autorización judicial.
La investigación concluyó que estos hechos ocurrieron en al menos cuatro ocasiones entre 2020 y 2025, lo que derivó en multas por 23,500 dólares, compensaciones para las víctimas y nuevas medidas de supervisión durante los próximos tres años.
La fiscal general Letitia James afirmó que las acciones de la empresa vulneraron la seguridad y los derechos fundamentales de los residentes afectados. Según explicó, cambiar las cerraduras de una vivienda mientras sus ocupantes se encuentran fuera constituye un desalojo ilegal y representa una violación de las leyes estatales que protegen a los inquilinos.
"Intentar desalojar a las personas entrando a escondidas y cambiando las cerraduras es tan siniestro como vergonzoso", expresó James, al reiterar que su oficina continuará actuando contra propietarios y administradores que incumplan la legislación.
Investigación documentó cuatro desalojos ilegales
La pesquisa de la Oficina del Fiscal General (OAG) comenzó en mayo de 2025 tras recibir denuncias sobre cambios de cerraduras sin previo aviso ni autorización judicial. Las investigaciones confirmaron que Spigro Management, empresa con sede en Brooklyn, incurrió en al menos cuatro desalojos extrajudiciales en edificios bajo su administración.
La compañía administra más de 40 edificios con más de 3,000 unidades residenciales en la ciudad de Nueva York, muchas de ellas con apartamentos sujetos a regulación de alquileres.
Entre los casos investigados figura el de un hombre que residía desde hacía más de dos décadas con su madre en un edificio administrado por Spigro. Tras el fallecimiento de ella, salió brevemente de su apartamento y al regresar encontró que la cerradura había sido cambiada. Posteriormente descubrió que sus pertenencias estaban siendo retiradas del inmueble sin su consentimiento.
Otro caso afectó a un residente de El Bronx, quien vivía junto a su padre desde hacía 45 años. Después de la muerte de este último, la empresa cambió las cerraduras alegando que el hijo no residía legalmente en la vivienda, pese a que había iniciado el proceso para reclamar sus derechos de sucesión sobre el apartamento con renta regulada.
La investigación también documentó el caso de un ocupante cuya llave electrónica fue desactivada tras el fallecimiento de su pareja, así como el de un portero empleado por Spigro, quien perdió el acceso a la vivienda donde residía después de regresar de una cirugía relacionada con una lesión laboral.
Compensaciones, multas y nuevas obligaciones
Como parte del acuerdo, Spigro Management deberá indemnizar a cada una de las cuatro personas afectadas con montos que oscilan entre 1,000 y 1,200 dólares, además de pagar 23,500 dólares en sanciones civiles.
La empresa también tendrá que diseñar e implementar una política interna que establezca procedimientos claros antes de cambiar cerraduras en cualquier vivienda administrada. Esa normativa exigirá registrar cada cambio, documentar la autoridad legal que lo respalda y conservar un historial de las actuaciones realizadas.
Asimismo, Spigro deberá informar a todos sus inquilinos sobre sus derechos frente a los desalojos ilegales y comunicar a la Oficina del Fiscal General cualquier denuncia futura relacionada con este tipo de prácticas durante un período de tres años, tiempo en el que el organismo supervisará el cumplimiento del acuerdo.
Protección reforzada para los inquilinos
La legislación vigente en la ciudad de Nueva York establece que cualquier persona que haya ocupado legalmente una vivienda durante 30 días o más solo puede ser desalojada mediante un proceso judicial. Los llamados desalojos extrajudiciales, que incluyen cambiar cerraduras o impedir el acceso sin una orden de un tribunal, están prohibidos.
Este acuerdo se suma a otras acciones impulsadas recientemente por Letitia James para reforzar la protección de los inquilinos, incluyendo demandas contra propietarios, acuerdos con entidades vinculadas al mercado inmobiliario y medidas para garantizar el cumplimiento de las normas de vivienda y estabilización de alquileres en distintos puntos del estado.
Con estas actuaciones, la Fiscalía General de Nueva York busca fortalecer el respeto al debido proceso y evitar que los residentes pierdan sus hogares al margen de la ley.
